La paradoja de Petro

El destituido alcalde de Bogotá desafió con éxito a viejas castas políticas de la costa, a dirigentes vinculados con paramilitares y a altos funcionarios del Estado.

Simpatizantes del alcalde Gustavo Petro rechazaron la decisión del procurador.

El destituido alcalde de Bogotá desafió con éxito a viejas castas políticas de la costa, a dirigentes vinculados con paramilitares y a altos funcionarios del Estado. Pero acaba de perder contra un funcionario al cual, paradójicamente, había apoyado. 

Son bien conocidas las historias según las cuales, desde su infancia, en el cundinamarqués municipio de Zipaquirá, se enroló en las filas de inconformes liderados, en aquel entonces, por el movimiento guerrillero M-19, para incitar a la movilización de masas en contra de los gobiernos que sucedieron al Frente Nacional.

En dicho escenario se formó como líder, mientras adelantaba estudios de secundaria y pregrado (fue alumno estrella de economía en la Universidad Externado de Colombia) y quedaron en evidencia tanto su elevado coeficiente intelectual, como la facilidad que tiene para cautivar con sus discursos.

Proveniente de una familia acomodada de Sucre, incluso con ancestros laureanistas, el brillante estudiante estuvo diez años en el movimiento armado, fue torturado durante el gobierno de Julio César Turbay y estaba preso cuando tuvo lugar el holocausto del Palacio de Justicia, en el que murió una pléyade de juristas del país, muchos de ellos externadistas, como consecuencia de una incursión armada por parte de una célula del M-19 y la consecuente contraofensiva de las Fuerzas Armadas del Estado.

Esos momentos de horror dejaron heridas tan profundas en el país que aún no han sanado y por cuenta de las cuales algunos sectores de derecha fustigan de cuando en cuando a Petro en razón de su pertenencia al grupo que perpetró el ataque, así él no haya participado de dichos actos.

Después de la desmovilización del M-19, como consecuencia de los acuerdos de paz con el gobierno de César Gaviria, Petro dio el salto a la política y se convirtió, rápidamente en un auténtico fenómeno electoral.

En su primera candidatura al Concejo obtuvo 780 votos y en 2011 llegó a la Alcaldía de Bogotá con más de 700 mil, convirtiéndose en el primer miembro de un grupo desmovilizado que accedía al segundo cargo de elección más importante del país.

Pero antes fue el representante a la Cámara y el senador más votado y convirtió el Congreso en el auténtico escenario de denuncia contra las mafias paramilitares que cooptaron a distintos grupos políticos. Su contundente discurso puso en evidencia, por ejemplo, los vínculos del exsenador Álvaro García con el grupo paramilitar de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, que el 14 de octubre de 2000 desplazó a 200 familias y masacró a garrote a 15 campesinos en el corregimiento de Macayepo, en El Carmen de Bolívar.

Por la gravedad de las denuncias que comprometían a uno de sus compañeros del Congreso y por el tono conmovedor de los familiares de las víctimas, el debate alcanzó resonancia internacional y puso sobre el tapete una práctica que resultó recurrente por parte de los paramilitares.

Muriel Benito Revollo, excongresista de la República, que a la postre resultó condenada también por vínculos con los paramilitares, fue otra de las destinatarias de las denuncias que Petro hacía sobre el paramilitarismo y que incluso se extendieron en 2006 a Santiago Uribe, hermano del entonces presidente Álvaro Uribe.

Petro también casó peleas con el exfiscal Luis Camilo Osorio (por la infiltración paramilitar en esa entidad), con el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno (por las denuncias de Petro sobre la existencia de un cartel de funcionarios que se lucraba con los contratos de la ciudad) y hasta con el Polo Democrático, partido que llegó a considerar la posibilidad de expulsar a Petro de sus filas por votar a favor de la elección de Alejandro Ordóñez como procurador general, en 2008.

Curiosamente, el apoyo de Petro ayudó, de manera efectiva, a que Ordóñez accediera al cargo desde el cual lo acaba de destituir e inhabilitar por 15 años.

Por: Elespectador.com